Ante la declaración del estado de alarma aprobada por el Gobierno el pasado 14 de marzo, como en muchos sectores y actividades, aproximadamente el 90 por ciento de las empresas de trabajos verticales asociadas a ANETVA se han visto abocadas a presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o aplicar medidas similares, y otras tantas están plateándose dicha posibilidad, para intentar subsistir en el futuro. “Muchas de las empresas están tramitando expedientes de regulación temporal de empleo o medidas similares que afectan a toda o parte de la plantilla. Estas medidas en la mayor parte de los casos están siendo aplicadas a parte de la plantilla de las empresas, porque hay algunas obras, muy pocas, que siguen ejecutándose”, confirma David Cendal, director-gerente de la Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales.
En esta materia como en otras relacionadas con esta situación, ANETVA está asesorando a las empresas asociadas para hacer frente al impacto económico y empresarial del COVID-19. La situación es compleja, dado que la actividad de la construcción –en la que está integrada el trabajo vertical– no está limitada por el Real Decreto 463/2020 que regula el estado de alarma. “La mayor problemática que tienen ahora mismo nuestras empresas, al igual que o tras muchas en esta situación a nivel nacional, sobre todo las actividades que no se han limitado, es cómo acogerse a los expedientes de regulación de empleo según los criterios que dan desde los administración y organismos públicos”. Es el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo en el que se detalla los procedimiento y los requisitos de los ERTE motivados por el estado de alarma y el coronavirus.
La necesidad –y la realidad– es que por fuerza mayor ha cesado prácticamente la mayor parte de las actividades, y en el caso de los trabajos verticales, aunque no está limitada al ser una actividad que está dentro del ámbito del sector de la construcción, pero no solo en éste, también se está viendo muy afectada. “Respecto del sector de la construcción, lo que está provocando la declaración del estado de alarma es incertidumbre y duda, a la hora de presentar o elegir la opción más “beneficiosa” y menos “perjudicial” tanto para la empresa y los trabajadores, frente a que opciones y tipo de ERTE presentar ante la autoridad laboral competente. La problemática reside en cómo justificar ante ésta la paralización de obras, qué documentos se tienen que requerir por parte de las empresas, bien a las comunidades propietarios, bien a los clientes, a los suministradores de material, maquinaria, equipos de trabajos para ejecutar las técnicas de trabajos verticales, entre otros, en los que estos comunican que las obras se paralizan o se pospone su realización por parte de los promotores de las mismas. Que documentos o escritos son los adecuados o les sirven a las empresas para acreditar la fuerza mayor de cara a la autoridad laboral, es uno de los principales problemas que tienen las empresas asociadas en estos momentos para elegir qué tipo de ERTE presentan, por la consecuencias de que se les rechace dicho expediente de regulación temporal de empleo”, explica David Cendal.
“El presente está paralizado”
De hecho, el Gerente de ANETVA considera que ahora mismo la actividad del trabajo vertical, salvo excepciones, esta mayormente paralizada o en proceso de estarlo. “La mayor parte de las empresas asociadas nos comunican que están terminando las obras empezadas, y en la mayor parte de los casos también las están parando, y las que se iban a comenzar están siendo pospuestas tras la decisión de prorrogar el estado de alarma hasta el día 11 de abril, y tampoco están seguras de que a partir de dicha fecha supuestamente reabran toda la actividad. Es como si el presente de la actividad se haya paralizado, a falta de que se llegue a la total paralización.”
Como se indicaba antes, muchas de las empresas de trabajos verticales que han presentado un ERTE están viviendo una gran incertidumbre e inseguridad en muchos ámbitos incluida la económica. Según las últimas informaciones publicadas por ejemplo en el caso de la Administración laboral competente de Madrid. “Se han presentado en estos días cerca de 20.000 expedientes de regulación temporal de empleo y son muy pocos los funcionarios que deben tramitarlas y resolverlas. Esta situación supone un problema importante porque genera una gran incertidumbre e inseguridad para las empresas, que se ven en una tesitura de no saber que hacer durante el tiempo que puede durar la tramitación y la resolución, aunque sea positiva por silencio administrativo.”, admite.
El futuro inmediato, a partir del día 11 de abril en el caso de que desde ese día se suspenda el estado de alarma, “el después del levantamiento del estado de alarma nos va a dejar una situación complicada empresarial, laboral y económica entre otras cuestiones”, señala David Cendal. “Porque muchas empresas tendrán que volver a la inercia del trabajo y ya veremos a ver cómo se comienza. Dado que la repercusión laboral, productiva, económica como consecuencia de lo vivido empresarialmente va a afectar de manera importante a la actividad. Quienes tengan tesorería y puedan aguantar, tendrán más “fácil” volver a la “normalidad”, frente a aquellos que no, a los cuales se deberá ayudar a través de la financiación pública o privada, sobre lo que también estamos dando la correspondiente información a las empresas asociadas. Pero la realidad es que el presente está paralizado y el futuro esperemos que no sea tan malo como muchos pronostican”.
En ANETVA, “desde que se declaró el estado de alarma, no hemos parado de dar información y asesorar a las empresas asociadas en todo lo concerniente con este asunto y como afecta a la actividad empresarial y laboral de nuestros asociados”. según apunta su director gerente. “Disponemos de la documentación, informes, criterios, notas informativas de diferentes organismos de la administración Pública, de entidades privadas y otros elaborados por el departamento jurídico, de prevención de riesgos laborales, de comunicación de la asociación, para ofrecer a las empresas asociadas toda la información y documentación posible, con el objeto de que puedan aplicar las medidas más adecuadas a su situación o realidad. “Desde la asociación intentamos dar un servicio general, y si hubiera alguna necesidad más particular, igualmente intentamos asesorar y dar la solución más adecuada según la problemática que se nos traslada”, manifiesta.