La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), de la que forma parte ANETVA, cree que el Real Decreto-ley 10/2020, publicado en el BOE durante la medianoche del pasado 29 de marzo, contiene una “importante inseguridad jurídica que en el futuro se verá el trabajo que da a los jueces”, en palabras de su presidente, Juan Lazcano.

Ese decreto-ley ha obligado a la paralización de toda la construcción, y con ella al trabajo en altura, al considerarla un sector no esencial. De hecho, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), cifra que un mes de suspensión de la actividad de la construcción supondrá para España un punto porcentual menos de PIB anual.

En este escenario, la CNC y su presidente, Juan Lazcano, ha admitido la “preocupación empresarial” que existe una vez que el decreto ha entrado en vigor –y así lo han transmitido a ANETVA– “por la supervivencia del empleo, de las empresas, de los proveedores, de las pymes y los autónomos”. De hecho, Lazcano ha denunciado que el presidente Pedro Sánchez no ha contado con “el parecer empresarial” y que el Gobierno “ha demonizado al empresariado, que es el que crea empleo”.

1.260.000 trabajadores afectados

Para Juan Lazcano, el cese de la actividad afecta no solo a las grandes empresas, sino especialmente a las pymes, que constituyen el 90 % de la construcción en España. La CNC, según datos que ha hecho llegar a ANETVA, estima que el sector tiene 1.260.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social tanto en el régimen general como en el de autónomos. “Si no hay actividad no se certifican las obras, por tanto no hay caja y no se pueden sufragar los salarios, los gastos y los impuestos”, añadió Lazcano en una entrevista en Radio Intereconomía.

Un informe del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), publicado por el periódico El País, estima que hasta el pasado domingo se había suspendido por el estado de alarma únicamente el 34% de las obras, incluyendo las obras públicas. Sin embargo, tras el decreto decreto-ley 10/2020, de las obras restantes, se han suspendido el 89% de las mismas. Únicamente un mínimo porcentaje de un once por ciento de las que no habían parado siguen abiertas al considerarlas el Gobierno “esenciales”.

Por ejemplo, según el CGATE, Cataluña cuenta con un 14% de obras que son de interés general, mientras que en el País Vasco, Extremadura y Canarias se están desarrollando actuaciones que, en un 26%, 21% y 19% respectivamente, se consideran urgentes. En el otro extremo está Madrid, donde solo se mantiene un 3% de las obras activas hace una semana. En Navarra, todas las obras en marcha antes de este último decreto-ley, sin excepción, se han suspendido.

Continuar con la actividad cuando fuera posible

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), y así se lo transmitió también a ANETVA, había pedido al Gobierno, días antes de que Pedro Sánchez anunciara el Real Decreto-ley 10/2020, que consideraba necesario “continuar con la actividad constructora”. A la vez que solicitaba medidas de flexibilidad en el desarrollo de los contratos respecto a la posibilidad de suspender, reducir el ritmo o prorrogar la actividad de las obras en curso, ya fueran públicas o privadas. Sin penalizaciones, además, durante el tiempo necesario si la empresa tuviera dificultades para cumplir con las medidas de salud y seguridad. O, en consecuencia, se viera obligada a suspender la actividad debido a la interrupción de suministros o falta de personal por el COVID-19.

En este caso, Lazcano había emplazado al Gobierno a que considerara como “causa de fuerza mayor” la suspensión de las obras ante el estado de alarma. Siempre y cuando se pudieran “suspender de mutuo acuerdo por imposibilidad total” de seguir adelante.

“Para nosotros lo fundamental es que el sector de la construcción quiere seguir trabajando y no parar las obras, que quede eso claro”, dijo el presidente de la CNC en el diario El Economista solo tres días antes de la comparecencia de Pedro Sánchez anunciado el cierre de las actividades no esenciales. “La voluntad es que no decaiga la actividad constructora porque de ello depende el empleo y la actividad económica de nuestras empresas”, añadió.